En España, destacados políticos católicos, practicantes y de misa habitual, amparan las corridas de toros casi como si les fuera la vida en ello. Aunque detrás haya evidentes motivaciones económicas, ellos defienden esta singular tradición tan sangrienta blindándola, incluso, con la categoría de Bien de Interés Cultural. Y es curioso, porque esa misma religión de la que alardean y a la que unen con tanta frecuencia a los trajes de luces, condenó en su momento esa fiesta tan bárbara. Y lo hizo en el año 1567, nada más y nada menos, que por mano del Papa Pío V (Pontífice y santo), que indicaba en su Bula “De Salutatis Gregis Dominici” que decretaba la “EXCOMUNIÓN A PERPETUIDAD” a cualquiera que organizara o participara en espectáculos en los que se luchara con toros.
El “antitaurino” Pio V, se refería,
literalmente, a “(…)esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el
circo o en la plaza pública que no tienen nada que ver con la piedad y caridad
cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos cruentos y vergonzosos,
propios no de hombres sino del demonio, y proveer a la salvación de las almas,
en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda de Dios, prohibimos
terminantemente por esta nuestra Constitución, que estará vigente
perpetuamente, bajo pena de excomunión y de anatema en que se incurrirá por el
hecho mismo (ipso facto), que todos y cada uno de los príncipes cristianos,
cualquiera que sea la dignidad de que estén revestidos, sea eclesiástica o
civil, incluso imperial o real o de cualquier otra clase, cualquiera que sea el
nombre con el que se los designe o cualquiera que sea su comunidad o estado, permitan la celebración de
esos espectáculos en que se corren toros y otras fieras es sus provincias,
ciudades, territorios, plazas fuertes, y lugares donde se lleven a cabo”.
Llegaba incluso a afirmar, respecto a los piadosos toreros que “si alguno de
ellos muriese allí, no se le dé sepultura eclesiástica”.
Quizás no lo saben, como probablemente
tampoco sepan que la Excomunión rige a perpetuidad, sin que ningún Pontífice
posterior tenga facultad de anular una Bula. Pero, además, ni siquiera se ha
hecho, por parte de la Iglesia, mención expresa de retirarla o la ha
descalificado.
Con la Iglesia han topado. O así debería ser, según su
cacareada conciencia, de no ser porque ésta, junto con la dignidad y otras
virtudes que en teoría deberían adornar al buen político, se encuentra cerrada
bajo siete llaves en las mismas cajas fuertes que se refrescan en Suiza.
